JEROEN SCHOKKENBROEK

ESTEBAN BELTRÁN VERDES
Lo que hemos llamado “política de demonización” plantea un grave reto, posiblemente una amenaza existencial a todo el proyecto de los los derechos humanos, pues la cooperación y las normas internacionales pierden apoyo y cada vez son más los gobiernos que se muestran abiertamente hostiles hacia los derechos humanos, a menudo con el apoyo de la opinión pública. Los discursos demonizadores resultan cada vez más evidentes, están mas extendidos y son más populares. Existen ciertas condiciones que se aprovechan de forma sistemática para promover las políticas de demonización. La desigualdad aumenta en muchas partes del mundo, al igual que la percepción de desplazamiento cultural, y los políticos aprovechan esta situación haciendo uso de discursos simplificados que identifican chivos expiatorios a los que culpar para provocar una sensación popular de descontento, a menudo a personas migrantes u otras minorías. El odio y el miedo han pasado de la retórica a la realidad, pues son muchos los gobiernos que han intentado aplicar políticas que normalizan la discriminación en gran escala de las minorías y los grupos marginados. Con pocos líderes dispuestos a salir en defensa de los derechos humanos en el escenario mundial, los gobiernos están retirando sin ningún pudor garantías de protección de los derechos humanos que ha costado mucho ganar. Frente a esta situación, la gente se está movilizando porque los gobiernos no satisfacen sus necesi- dades básicas, especialmente en materia de vivienda, trabajo y derechos económicos. El vertiginoso aumento de la desigualdad está creando un clima propicio para el agravamiento de la división so- cial, con lo que se incrementa el riesgo de violaciones de derechos humanos. A negar estos derechos humanos, los gobiernos están provocando la desesperación más absoluta. Las enormes dificultades sociales y económicas, como la austeridad, los abusos de orden fiscal y la falta de soluciones de los gobiernos a estos problemas, podrían provocar un desastre de derechos humanos que afectaría a millones de personas. Ejemplo de ello es que, en Europa, la ciudadanía salió a la calle para protestar por los dañinos efectos de las medidas de austeridad en España, Grecia, Reino Unido y Serbia. Investigaciones llevadas a cabo en Inglaterra relacionaron alrededor de 120.000 muertes con los recortes en la atención de la salud y los servicios sociales. Durante 2017 hubo considerables recortes en el gasto público en Indonesia, Mongolia y Sri Lanka. A medida que nos aproximamos al 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 2018, el desafío que se nos plantea es evidente. Ha llegado el momento de recuperar la idea esencial de la igualdad y la dignidad de todas las personas, de apreciar esos valores y exigir que se conviertan en la base de la formulación de políticas y de su aplicación. Los gobiernos deben dar prioridad a los derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Con destacados líderes intentando menoscabar las libertades fundamentales y los crímenes de guerra y de lesa humanidad ignorados, la falta de liderazgo en materia de derechos humanos a escala global ha tenido peligrosas consecuencias. Alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso, y los gobiernos deben invertir esta tendencia si es que queremos proteger nuestro preciado derecho a la libertad de expresión. Los ataques a los medios de comunicación han llegado a extremos sin precedente, al igual que lo han hecho los ataques contra activistas de los derechos humanos. Las sociedades sólo pueden florecer si animan a someter a escri- tunio a quienes están en el poder, en vez de disuadir de ello.