VIRGÍNIA BRÁS GOMES

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: ¿aspiraciones o realidades?

VIRGÍNIA BRÁS GOMES
La visión de los derechos humanos, enunciada de forma tan hermosa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual celebramos el 70 aniversario, se plasma en las cuatro libertades: libertad de palabra y de expresión; libertad de culto; libertad para vivir sin temor; y libertad para vivir sin miseria. Esta última libertad ampliamente interpretada como una síntesis de los derechos económicos y sociales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien podrían definirse como derechos cotidianos para las personas comunes que aspiran a vivir con dignidad. Así pues, los Estados, como responsables, deben cumplir con sus obligaciones básicas y progresivas de aplicación utilizando todos los recursos disponibles. Deben generar recursos para políticas públicas que permitan disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales, y para apoyar las transferencias sociales con vistas a mitigar las desigualdades, que aumentan en tiempos de crisis. Así mismo, tienen que garantizar el acceso a la justicia a quienes buscan reparaciones por las violaciones de sus derechos. Sobre todo, necesitan voluntad política para reconocer y aplicar estos derechos. El mundo en el que vivimos plantea una serie de desafíos que tienen un gran impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos son solo algunos ejemplos:
• Distribución injusta de los costos y beneficios de la globalización.
• Recesión económica, desempleo y formas de empleo atípicas con efectos negativos para la sociedad en general, pero en particular para las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, culturales, religiosas y otras personas que necesitan más protección del estado.
• Debilitamiento del Estado de Bienestar y los retos que supone hacer que una combinación de bienestar público/privada funcione para todos, en particular para los más desfavorecidos.
• Descentralización y privatización de los servicios necesarios para hacer efectivos sobre el terreno los derechos que requieren una importante supervisión por parte de las autoridades públicas.
• Los roles cambiantes de mujeres y hombres y la creciente necesidad de conciliación de sus vidas profesionales, familiares y personales.
• Las muchas caras del desarrollo y del megadesarrollo que rara vez han llevado al progreso y a un mayor bienestar de las comunidades locales, sino más bien al desalojo, el desplazamiento y el aumento de la pobreza.
• La necesidad de proteger a los titulares de derechos de la violación de sus derechos por parte de terceros, teniendo en cuenta temas aún muy debatidos como la extraterritorialidad.
• Los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental en la aplicación de los DESC que están lejos de ser totalmente comprendidos e incluso se incluyen menos en las políticas públicas.
• La enorme crisis mundial de refugiados y migrantes que ha provocado la muerte innecesaria de tantos hombres, mujeres y niños, y el sufrimiento físico y emocional de tantos otros, es un recordatorio permanente de hasta qué punto no reconocemos ni protegemos la dignidad humana intrínseca.
• Las crecientes desigualdades entre individuos y países, y la reducción del espacio democrático en todo el mundo, que han hecho que se disparen las alarmas.
Necesitamos contextos nacionales que respondan mejor a los derechos de las personas, las familias y los grupos, y nuevas modalidades de cooperación internacional basadas en la solidaridad, la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la complementariedad.
¡Estos retos no son emergentes, sino vigentes!